El Puerto de Santa Maria

Diario de Cadiz y La voz 20/10/2007:

La teniente de alcalde de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha manifestado que «se han detectado más de 300 viviendas con certificados falsos de obra nueva en los diseminados irregulares». Exactamente, son 318 viviendas que se encuentran ubicadas en 121 fincas sobre las que se ha podido incurrir en un posible delito de falsedad documental.

Por todo ello, el Gobierno local ha remitido 16 expedientes a la Fiscalía provincial de Cádiz para que se inicien las diligencias previas contra los arquitectos que han firmado estos permisos. Ybarra ha destacado que «se van a enviar los 121 expedientes donde se han encontrado irregularidades en cuanto tengamos la documentación pertinente».

En este sentido, la edil popular ha informado que «estas construcciones poseen expedientes que certifican que la vivienda ha sido construida en 1998 cuando no fueron erigidas hasta 2004».

El departamento de disciplina urbanística ha verificado que estos inmuebles no existían en esa fecha. Para ello, la ortofoto ha sido de vital importancia. El Ayuntamiento lleva diez años realizando un mapa aéreo de la localidad, que permite verificar qué construcciones han sido edificadas en una determinada fecha.

Aunque esta herramienta se usa para controlar la proliferación de diseminados ilegales, en esta ocasión ha servido para conocer las viviendas que poseen certificados de obra nueva antes de estar construido el edificio.

La antigüedad de una vivienda ilegal es esencia a la hora de poder ser regularizada. De hecho, la Corporación llegó a un acuerdo en 2003 por el que se comprometía a legalizar todos los diseminados irregulares que se habían construido hasta esa fecha.

En caso de que la casa tenga menos de cuatro años, el coordinador del Área de Disciplina Urbanística, José Galán, ha explicado que «el procedimiento a seguir es el de abrir un expediente sancionador, imponer una serie de multas coercitivas y la posterior demolición del inmueble».

A esta herencia de expedientes falsos, Urbanismo debe sumar la legalización del anterior Gobierno local de viviendas irregulares a base de decretos municipales. De hecho, tres de los expedientes mandados a la Fiscalía son decretos firmados por Juan Carlos Rodríguez, edil de Urbanismo por Independientes Portuenses en la anterior legislatura.

Aunque Patricia Ybarra no ha precisado el número exacto de casos que existen sobre esta cuestión, sí ha determinado que «el volumen de casos detectados no es pequeño».

El alcalde popular, Enrique Moresco, que formaba parte de IP en la anterior legislatura y fue concejal de Vías y Obras y de Cultura, declaró que «yo no tenía ninguna competencia en materia urbanística, y por tanto, no podía saber lo que estaba ocurriendo».

Felicidades a Dña. Patricia Ibarra, (igualmente que le criticamos algunas actuaciones le agradecemos el buen hacer cuando lo merece).

Les recordamos que por cada una de las 300 viviendas ilegales se han pagado una media de 4.000 € a los sinvergüenzas de los arquitectos, aparejadores e ingenieros técnicos que emitían los certificados falsos.

Así se promueve en El Puerto de Santa Maria (aunque lo inventaron en Chiclana):

- Buscamos una "parcelita" baratita (por supuesto no urbana) donde poder promover (Ortofoto municipal de 2004)
- Buscamos a un "técnico" que certifica que existe una vivienda de !!!!!! 1500 m2 ¡¡¡¡¡¡¡¡, con mas de cuatro años de antigüedad para así poder escriturar la obra nueva en notaria y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. A continuación a esa "vivienda" se le ejecuta una división horizontal y se escrituran e inscriben 14 viviendas, que con tasaciones falsas (con fotos y planos de otras viviendas existentes) pueden llegar incluso a hipotecarse, con el dinero de la hipoteca del banco se construyen las viviendas y en muy poco tiempo conseguimos:

Facil verdad?, ahora solo queda venderlo, (se anuncia hasta en google maps):

Espero que la fiscalía actúe pronto y que el nuevo gobierno, que tantos golpes de pecho se dan, eviten que siga ocurriendo.

Son muchos los ciudadanos que se pasan meses esperando una licencia de obra (por la que pagan muchos euros de impuestos), para construirse una vivienda en una parcela urbana comprada a precio de oro, tras pagar proyectos, direcciones de obras, seguros, controles técnicos, estudio y coordinación de seguridad, etc, etc, y ven indignados como los políticos gastan sus esfuerzos en "legalizar" la situación de un montón de delincuentes

"La situación urbanística en Cádiz, fuera de control"

El Pais - 24/09/2007

En el apartado referido al urbanismo y la ordenación del territorio, la
Fiscalía General del Estado se hacía eco de la "magnífica memoria"
presentada por el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez. Según
este representante del ministerio público, los ataques a la legalidad
urbanística son tantos y tan graves que "no resulta exagerado calificar
la situación -que es enormemente preocupante- como de fuera de control".
Núñez destaca que "todo sucede sin que las administraciones a quienes
corresponde velar por la disciplina urbanística ejerciten de la forma
que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento".

El fiscal subraya el incremento de investigaciones por supuestos de
prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y
funcionarios públicos. Estos delitos se concretan en dar informes
favorables o conceder licencias de obra contrarias al planeamiento
vigente. Según Núñez, el planeamiento urbanístico se está convirtiendo
en "un mero instrumento de regularización" de las infracciones ya cometidas.

El fiscal detecta la extensión de una práctica puesta en marcha por el
supuesto/ cerebro/ de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio
Roca. Se trata de la "torticera utilización del silencio administrativo
como instrumento para conceder licencias manifiestamente ilegales".

Núñez cree que el hecho de que no se demuelan las construcciones
ilegales "fomenta la convicción de que, una vez finalizada la
construcción, se van a poder legalizar las irregularidades en todos los
casos". Esta "sensación de impunidad" provoca dos efectos perversos: por
un lado, los dueños de viviendas ilegales se han constituido en "grupo
de presión" para obtener cambios en los planes urbanísticos que
legitimen sus casas. Por otro, la falta de demoliciones produce un
/"efecto llamada/ para nuevas construcciones ilícitas".

La "ineficacia de la Administración" hace que muchos delitos no lleguen
siquiera a conocimiento de la Fiscalía, lo que está generando "bolsas de
impunidad", según Núñez. El fiscal reclama en su informe que los
juzgados y tribunales decreten el derribo de las casas contrarias al
planeamiento. "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista
la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de
las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que
el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?", se
pregunta.

Comienzo hoy mi primer blog, donde me gustaría expresar mis opiniones sobre el descontrol, corrupción y "desmadre" del urbanismo en la Bahía de Cádiz y mas concretamente en El Puerto de Santa María. Espero vuestra colaboración.